Nuevo fallo contra la ley de medios

San Juan- El juez Federal Nº 2 de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, hizo lugar a un amparo y suspendió la aplicación de seis artículos de la Ley de Medios Audiovisuales.

El magistrado dispuso suspender la aplicación de seis artículos de la nueva Ley de Comunicación Audiovisual, mientras se resuelve un planteo de inconstitucionalidad presentado por un grupo empresario que posee varios medios en la Provincia.

La medida fue adoptada respecto de la segunda presentación judicial que se realiza en San Juan contra la polémica ley de medios sancionada en octubre pasado.

La decisión judicial fue la cuarta en el país, ya que anteriormente se habían producido fallos en Buenos Aires, Salta y Mendoza.

El Diario de Cuyo informó en su edición de hoy que la presentación había sido efectuada por “Jorge Estornel S.A. y Otros”, un grupo de larga trayectoria en la Provincia, que incluye al grupo Vila de Mendoza, propietarios del Canal 8 de la capital provincial, Supercanal y Diario Uno.

Los demandantes pidieron a la Justicia que declare la inconstitucionalidad de la ley 26.522 e incluyó un pedido de amparo para suspender su aplicación, a la vez que cuestionó los artículos 8, 45, 46, 48, 73, 89, 158, 161 y 165.

Pero el magistrado ordenó posponer la puesta en funcionamiento de los artículos 42, 43, 45, 46, 48 y 161, ya que agregó dos cláusulas y rechazó otras.

Según el grupo Estornel, la nueva ley “viola la libertad de expresión” además de provocar un “un daño económico para las empresas” y pondría en peligro numerosos puestos de trabajo en el caso de Supercanal.

El matutino sanjuanino señaló que en el fallo el magistrado capitalino advirtió sobre algunas medidas de la nueva ley porque estarían en “abierta contradicción al principio de libertad de prensa”.

Consideró un “peligro” la modificación impuesta a la duración de las licencias y los plazos para amortizar inversiones y mencionó el derecho a la propiedad de los dueños de medios.

Esto último, indicó el magistrado según el diario provincial, incluye “derechos adquiridos e ingresados al patrimonio. Por lo que las leyes posteriores no pueden privar a sus titulares de tales derechos”.